Antes del fin de semana largo se conoció el proyecto del gobierno nacional que busca desregular el mercado de los biocombustibles. La intención de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, a cargo de Daniel González, fue promovida a través de un proyecto impulsado por la diputada de Río Negro Lorena Villaverde (LLA), que generó enojo entre los empresarios pyme elaboradores de los biocombustibles. En la actividad aceitera coinciden en que se trata de un proyecto “pro-petrolero” y va contra de la agroindustria. Alertaron que para 2031 no habría más pymes de la actividad de prosperar el proyecto. La iniciativa apunta a una libre competencia para el abastecimiento del biocombustible y habilita la participación de cualquier operador, señalan en el rubro, incluso de petroleras. También abre la puerta a la importación.

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Los empresarios creen que la falta de consenso en la industria de los biocombustibles llevó al Gobierno a impulsar este tipo de proyectos, sin haber pasado por una mesa de negociación. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, el proyecto ya fue girado a las Comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Dentro del proyecto se especifica que el biodiésel (en base a aceite de soja), cuyo corte obligatorio con gasoil actual es del 7,5%, a partir del 1 de enero de 2027 suba al 10%. Desde 2025, las proporciones del corte obligatorio serán negociadas libremente y se incrementarán progresivamente hasta 2031, cuando todo el 10% será negociado bajo disposiciones del artículo 17 de este proyecto de ley, con libre competencia. Hoy la provisión al mercado local solo la hacen pymes y el Gobierno fija cupos.

Para el caso del bioetanol (mezcla con nafta de etanol de caña y maíz), el corte obligatorio actual es del 12% (6% de caña de azúcar y 6% de maíz). Así, a partir del 1 de enero de 2027 aumentará al 15%. Este tendrá incrementos adicionales del 3% que serán negociados libremente desde 2027. No obstante, todo el 15% será negociado libremente a partir de 2031.

El Gobierno establece asignaciones y controles en este proyecto de ley. Es decir, hasta 2030, el corte del 12% se asignará según la capacidad de elaboración de cada empresa. La autoridad de aplicación podrá sancionar incumplimientos mediante revocaciones o licitaciones transparentes.

El proyecto de ley también plantea incrementos futuros. De esta forma, el aumento de los porcentajes de mezcla se acompañará de un esquema de negociación progresivo hasta 2031, lo que podría incentivar una mayor flexibilidad y “libre mercado”. Ante este escenario, analizaron en una cámara, para ese año ya “no habrá más pymes en la actividad”.

Las pymes piden un encuentro con Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería para plantear estas inquietudes y su punto de vista. La semana pasada la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) solicitó una “audiencia para poder conversar e intercambiar opiniones sobre dicho proyecto, así como también de la situación del sector, en especial de la industria de biodiésel”. A esto se le sumó el reclamo del atraso en el precio de la materia prima.

En la industria aceitera señalan, en medio de las críticas, que “el proyecto está armado por petroleras”. Entre otras objeciones, se señala que limita drásticamente el corte final más allá de incrementos previstos. Y se alerta que habilita la participación de cualquier operador de la cadena sin restricción de capacidad, integración, incluyendo empresas petroleras/mezcladoras, con la única salvedad que se encuentren registradas, por ende, habilitadas por la Secretaría de Energía.

“La autoridad de aplicación podrá modificar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente”, especifica el proyecto. Además, queda exceptuado del corte obligatorio para el gasoil marítimo, fluvial, generación eléctrica, antártico.

Los empresarios pymes esperan que las provincias de la Liga Bioenergética, integrada por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán, se expidan sobre este proyecto. Días atrás recordaron que desde el sector han trabajado y participado un proyecto de la Liga Bioenergética. Se trata de un proyecto “superador” de la ley actual que, dijeron, consideró aspectos principales que tenía el borrador del proyecto que integró la primera ley ómnibus que el Gobierno tuvo que modificar y, en el caso de los biocombustibles, no quedó incluido.

Respecto de la comercialización para el biodiésel, se mantendrá un segmento de empresas no exportadoras “actuales abastecedoras” a las cuales se les asignará un volumen decreciente en un periodo de seis años, haciéndose cero el 1 de enero del 2031. Es decir, a “este segmento se le asignará volumen, pero no precio”. En tanto que el segmento restante será libre, sin licitaciones ni precios o asignaciones de cupos.

Para el segmento con asignación de cupos, la autoridad de aplicación se reserva el derecho de revocar la asignación o hacer licitaciones en caso de comprobarse el incumplimiento. “Los mezcladores podrán agregar biodiésel y/u otro biocombustible en adición al porcentaje obligatorio hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia, pudiendo producir o adquirir dicho biodiésel y/o biocombustible adicional a cualquier empresa elaboradora”, señala.

Sobre el coprocesamiento observa que, en los casos en que los mezcladores que a su vez sean refinadores incorporen materia prima no fósil como insumo para la producción de gasoil mediante coprocesamiento, el elemento no fósil utilizado en el coprocesamiento de gasoil se considerará a los efectos del cómputo de la mezcla adicional.

“La autoridad de aplicación podrá autorizar la importación de biocombustibles elaborados en plantas instaladas fuera de la Argentina y a partir de materias primas de origen extranjero para el cumplimiento de los porcentajes de mezcla obligatoria, de verificarse que el precio de paridad de referencia de biocombustibles elaborados en plantas instaladas fuera de la Argentina y a partir de materias primas de origen extranjero y/o sus materias primas fuera inferior al precio ofertado para la compra de biocombustibles y/o sus materias primas de origen nacional”, observaron.

El proyecto fue firmado por los diputados de LLA Facundo Correa Llano; César Treffinger; Alberto Arancibia Rodríguez; Julio Moreno; Florencia Klipauka Lewtak; Carlos Zapata; Alida Ferreyra; Gerardo Huesen; Nadia Márquez; Carlos D’Alessandro; Gabriel Bornoroni; José Peluc; Álvaro Martínez y Beltrán Benedit.